Vicedecanatura Académica

En la mitad del siglo XIX, una nueva generación ingresó al escenario de las ideas y de la actividad pública. Sus más conspicuos voceros se empeñaron en construir un país más comprometido con las ciencias duras que con las ciencias puramente especulativas. Algunos de ellos suscribían las ideas federales que se cultivaban en los Estados Unidos. Otros preferían hablar de autonomía -como ocurrió en 1810-, un poco a la manera de la vertiente más progresista del pensamiento español, cuya raíz se hunde en una suerte de vocación autonómica, amasada en los fueros medievales ibéricos.

En esa línea actuó el arzobispo-virrey Antonio Caballero y Góngora cuando, en 1782, habló de la necesidad de una universidad pública y estimuló los trabajos de la Real Expedición Botánica. Ahora querían ir más allá, en el sentido de conocer bien la geografía del país y la de sus regiones y provincias. Así nació la Comisión Corográfica.

Fue la primera vez que, con interés científico, una Comisión recorrió cerca de 1.500 kilómetros de la cordillera de los Andes, buena parte de los dos litorales, el Istmo de Panamá y se adentró en los llanos orientales.

El presidente José Hilario López designó al ingeniero italiano Agustín Codazzi para dirigir la Comisión, y entregó su secretaría al abogado Manuel Ancizar quien, unos años más tarde, sería el primer rector de la Universidad Nacional de Colombia. Uno de los miembros más brillante de aquella generación fue José María Samper quien, en 1867, como senador de la República, presentó al Congreso el proyecto de ley que creó la Universidad Nacional.

Desde su nacimiento, la Universidad Nacional de Colombia se erigió tanto en un eje intelectual como en la conciencia crítica del país. Sin perjuicio del respectivo ejercicio profesional, sus egresados mantenían vivo el debate sobre la problemática general de una comunidad que intentaba crear un proyecto común como nación. Según lo expresó, alguna vez, el profesor Gerardo Molina, parecería que el destino de la Universidad Nacional fuera el de darle cabida y tribuna a las teorías que desafiaban los cánones convencionales. Por eso “La Regeneración” quiso neutralizarla.

En efecto, “La Regeneración” dispuso que cada facultad se convirtiera en una dependencia del Ministerio de Educación. En medio de críticas y protestas estudiantiles se sucedieron años de conservadurismo. Solo medio siglo después se superó semejante período de hibernación universitaria. En 1918 los universitarios colombianos enarbolaron las banderas del movimiento estudiantil de la Universidad de Córdoba, Argentina, y en 1929 insistieron en una manifestación que terminó el 8 de junio con el asesinato del estudiante de Derecho de la Universidad Nacional, Gonzalo Bravo Pérez.

Finalmente, en 1935, el presidente Alfonso López y su Ministro de Educación, Darío Echandía, dictaron la ley 68 con el objeto de reconstruir la Universidad como un todo unificado, para convertirla en una institución modelo. El gobierno le aseguró una sede en la Ciudad Universitaria que sería la expresión física de la unidad recuperada. El Decreto 260 de 1936 estableció que “las Facultades universitarias oficiales y privadas, que aspiren al reconocimiento por parte del gobierno de los títulos que expidan, deberán ajustarse a los programas de enseñanza mínimos de la Universidad Nacional”.

Hacia la mitad del siglo XX llegaron al gobierno nuevas figuras. Pero, a diferencia de lo ocurrido cien años antes, no estimularon la evolución democrática de la enseñanza en general y de la educación en particular, sino que se empeñaron en conservatizarla por la fuerza. Fueron diez años de dictadura civil, primero, y militar luego, durante los cuales se desató un fenómeno de violencia interpartidista estimulado por decisiones oficiales.

El 9 de junio de 1954, la fuerza pública descargó sus balas sobre un grupo de estudiantes de la Universidad Nacional, mientras protestaban en el centro de Bogotá. En 1957 los colombianos votaron masivamente por la recuperación democrática. El plebiscito, como se conoció aquel evento electoral, abrió un nuevo panorama que logró la reconciliación entre los contendientes de la violencia liberal-conservadora. Desde entonces la historia es más conocida porque gira en torno al mismo conflicto de hoy. La Universidad Nacional sigue siendo la conciencia crítica del país. Ahora es también una especie de conciencia moral, en medio de la desigualdad social y de la corrupción política, administrativa y judicial que agobia al Estado.

La Facultad de Derecho se interesa por consolidar la auténtica vocación jurídica del país en medio de la desinstitucionalización que lo amenaza. En esa idea se deben comprometer sus egresados y sus profesores, y en ese sentido quiere trabajar el Colegio de Abogados CAUN. La comunidad universitaria sabe pensar, pero necesita convertir a los egresados en sus vasos comunicantes con el resto del país. La Facultad de Derecho y el Colegio de Abogados se complementan mutuamente, y quieren expresarlo en la publicación digital que, ahora, ofrecen a la sociedad colombiana.

Colombia nació en medio del Derecho. El 20 de julio de 1810, fecha simbológica de la independencia, no se hizo con ejércitos sino con cabildos. Fue una movilización civil y local cuyo principal objetivo fue adoptar una Constitución para controlar el poder. Ese principio democrático del control está hoy desdibujado. Existe desconfianza en el Estado de Derecho porque, a veces, sus normas se aplican selectivamente. Los jueces constitucionales legislan y las decisiones populares se desconocen. Hay una dicotomía, tal vez como nunca antes, entre el país político y el país nacional.

Es necesario superar ese divorcio y a ello quieren contribuir los egresados de la Facultad de Derecho: Profesores, jueces y magistrados, doctrinantes, abogados en ejercicio. Ellos quieren proyectar sobre el país su pensamiento libérrimo y su valioso comportamiento ético. Pero también su preocupación por la suerte misma de la Universidad. No sin razones el profesor Antonio García formuló, en su momento, un comentario que mantiene plena vigencia: Quién diría que un arzobispo-virrey, en 1782, tuviera un enfoque doctrinario sobre la universidad pública más actualizado que la política universitaria de los últimos gobiernos nacionales.