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Servicio especializado ofrecido a actores externos de carácter local, regional, nacional o internacional, con el fin de realizar análisis o formular soluciones a demandas sociales o necesidades específicas cuyo nivel de complejidad y alto impacto requieren de la experiencia, experticia, fortalezas académicas, investigativas y éticas y compromiso social de la Universidad Nacional de Colombia. Esta modalidad comprende proyectos de asesorías, evaluaciones, conceptos especializados, formulación, implementación y evaluación de políticas públicas, entre otros, y sus productos derivados podrán servir como estrategia de formación integral para los estudiantes de la Universidad Nacional de Colombia.
El objetivo es la ejecución de procesos especializados enfocados a la elaboración y desarrollo de programas que parten de la investigación científica y la experiencia académica acumulada por la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional de Colombia.
Análisis, diseño y seguimiento de políticas públicas en materia de educación, administración de justicia, solución alternativa de conflictos, participación ciudadana, seguridad y defensa, derechos humanos, regulación ambiental y minero-energética, propiedad intelectual, acceso a recursos genéticos, entre otros.
Diseño de metodologías y componentes de la Defensa Jurídica del Estado
Simplificación y racionalización de ordenamientos normativos
Diseño, ejecución y seguimiento de concursos de méritos para el acceso al empleo público.
Procesos de reestructuración administrativa
Procesos de apoyo profesional en descongestión judicial, administrativa y técnica.
Apoyo, gestión y seguimiento de procesos y procedimientos de contratación estatal.
Apoyo a procesos de resolución de conflictos
Elaboración de contenidos pedagógicos, promoción y protección en las ciencias jurídicas y políticas
La presente página recopila y sistematiza toda la información recolectada en las dos fases de la estrategia de concientización y sensibilización sobre política criminal que han venido trabajando desde 2019 el Ministerio de Justicia y del Derecho y la Universidad Nacional de Colombia, con el fin de dar un giro en la comprensión de la ciudadanía sobre los fines de la pena en el Derecho Penal y las alternativas a la cárcel, con el propósito de ampliar las posibilidades para promover la justicia sin daño y la justicia restaurativa, que están orientadas a fortalecer los lazos al interior de las comunidades, preservar los derechos de las víctimas y lograr la verdadera reinserción de los ofensores dentro de sus círculos sociales y afectivos.
A través del Convenio Interadministrativo No. 0582 de 2021 suscrito con el Ministerio de Justicia y del Derecho, se desarrolló el proceso de investigación, creación e implementación del Observatorio de Justicia Transicional de Colombia - OJTC.
Para su materialización, se inició con un estudio conceptual, normativo e institucional sobre justicia transicional en Colombia aplicable a la creación e implementación del Observatorio de Justicia Transicional adscrito al Ministerio de Justicia y del Derecho que partió de la indagación sobre los distintos proyectos de observatorio que podemos encontrar a nivel, local, regional e internacional, relacionados con temas de JT, para realizar una propuesta conceptual y metodológica en el marco de la Justicia transicional que permita monitorear, sistematizar y gestionar información relevante. Los lineamientos del OJTC que se determinaron son: 1) Repositorio para la Gestión de la Información de Justicia Transicional, 2) Generación de conocimiento, y 3) Seguimiento, Evaluación y Formulación de la Política Pública.
A su vez, se definieron las categorías análisis emergentes, como el enfoque diferencial, interseccional y territorial, como criterios de interpretación, clasificación y divulgación de contenidos relacionados con el portal web. Los pilares de observación fueron: a) Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición (SIVJRNR), b) Justicia y Paz, Víctimas y Reparación, c) Restitución de Tierras, d) Justicia Transicional y Sistema interamericano, e) Campos de información, f) Enfoque diferencial, g) Georreferenciación, h) Repositorio, i) Biblioteca y j) Noticias.
Se diseñó y desarrolló la arquitectura tecnológica y herramientas para la operación el OJTC, que incluyó los manuales de funcionamiento y de operación, así como los contenidos de la página web y su funcionamiento.
Adicionalmente, se entregó una caja de herramientas, el diseño y las estrategias de divulgación y posicionamiento, caso en el cual, a partir de actividades concretas, se busca delimitar las acciones centrales de la gestión de la información y del conocimiento al interior de la DJT, su proyección en procesos de observación de información y conocimiento sobre JT y, se fija su alcance para una comprensión rápida y útil al operador del OJTC. Los objetivos de acción de observación se acompañan de acciones estratégicas de comunicación y posicionamiento, junto a su forma de divulgación y almacenamiento.
Finalmente, se desarrollaron tres acciones de educación continua en contrapartida: 1) Curso de extensión sincrónico de catorce horas para 10 funcionarios del Ministerio para la Transferencia de Conocimiento enfocado en la implementación del Observatorio de Justicia Transicional, 2) Curso de extensión sincrónico de veinte horas para 30 funcionarios del Ministerio para la comprensión de la importancia de un Observatorio de Justicia Transicional en Colombia e identificar el contenido, debates y líneas de investigación en los diversos campos de observación que lo integran, y 3) Conversatorio académico sobre el “Concepto y procesos de la Justicia Transicional”.
https://www.minjusticia.gov.co/programas-co/justicia-transicional/Paginas/OJTC-quienes-somos.aspx
Durante la vigencia de 2023 la Facultad de Derecho firmó el acuerdo interadministrativo 01018792023 que tiene por objeto elaborar y estructurar las pruebas de conocimientos que van a ser aplicadas a los aspirantes a cargos de director regional que convocará el ICBF, así como la calificación de las mismas y las respuestas a reclamaciones por resultados y posibles acciones judiciales; el proyecto tendrá desarrollo hasta el mes de marzo de 2024 y se consolida como una de las propuestas que permitirá posicionar a la Universidad Nacional como una entidad que promueve la objetividad, eficiencia y calidad en los procesos de selección, lo que aporta a la mejora de la gestión y calidad del ICBF en las regionales.
Este proyecto tiene por objeto realizar un proceso de selección a través de concurso de méritos para la elección de la dirección de la Región Metropolitana, que incluya la ejecución de las actividades que abarcan desde el acompañamiento en la elaboración de la convocatoria hasta la conformación de las listas de elegibles.
Se realizaron las siguientes actividades; verificación de Requisitos Mínimos, valoración de Calidades Adicionales, aplicación de las pruebas escritas, diseño de pruebas escritas, elaboración del banco de ítems y ensamblaje de pruebas, análisis y calificación de pruebas escritas, pruebas de conocimientos, pruebas de competencias comportamentales, calificación, respuesta a PQRS, reclamaciones y Acciones Jurídicas, conclusiones.
Finalizado el proceso, se puede concluir que las etapas de Verificación de Requisitos Mínimos, Valoración de Calidades Adicionales, así como las oportunas respuestas a las reclamaciones elevadas por los interesados se cumplieron sin contratiempos y conforme a la normatividad del proceso de selección, la prueba escrita fue adecuada para la evaluación de los conocimientos y competencias de los aspirantes al cargo de director de la Región Metropolitana Bogotá-Cundinamarca.
El proyecto tiene por objeto identificar los problemas laborales estructurales y las barreras que impiden el reconocimiento de las normas laborales en los puertos de Barranquilla, Santa Marta, Cartagena y Buenaventura, y proponer recomendaciones de mejora en el nivel de cumplimiento.
La evaluación fue realizada entre los meses de octubre y abril de 2023, por el equipo de investigación de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Colombia para el proyecto puertos de la Organización Partners Of The Américas (PoA), con el fin de apoyar el objetivo del proyecto de mejorar el cumplimiento de las leyes nacionales relacionadas con los derechos laborales internacionalmente reconocidos en el sector portuario.
Esta evaluación de la normativa laboral y de las condiciones laborales en los cuatro puertos, fue instrumentalizada con una metodología cualitativa, no probabilística, que tuvo por objeto identificar y ubicar las categorías de trabajadores portuarios antes que fijar el número total de ellos, e identificar caracterizaciones sobre las condiciones laborales en el sector, en lugar de conclusiones definitivas. Para estos efectos, se realizaron 25 visitas a los puertos; reuniones y foros regionales con trabajadores, empleadores, e interlocutores de los gremios y sindicatos del sector portuario; 453 encuestas a trabajadores; 52 entrevistas a trabajadores, empleados de sociedades y operadores portuarios, funcionarios, dirigentes sindicales y gremiales, entre otros actores locales; y 12 entrevistas en el ámbito nacional; además de la consulta puntual de fuentes secundarias.
La evaluación examina los cambios fundamentales que a partir de 1991 se han producido con la entrega al sector privado de la administración y operación de los puertos por el sistema de concesión; y el proceso de transformación de las relaciones de trabajo en el sector portuario, basado en la tercerización de servicios y de la fuerza de trabajo.
El estudio profundiza en la revisión de la cadena de servicios portuarios, con el fin de identificar los actores y los distintos tipos de relacionamiento comercial preponderantes, y, particularmente, determinar las categorías de trabajadores portuarios: formales e informales. Los formalizados, vinculados por contrato de trabajo a las empresas del sector portuario, de forma directa, o por vía de la tercerización, o por intermediación con EST; y, los informales, incorporados entre el final de la cadena portuaria y el comienzo de la cadena de transporte, casi siempre sin contrato de trabajo, quienes son los más vulnerables en todo el sector portuario, incluidos los que cargan y descargan manualmente barcos y camiones.
La evaluación describe los problemas laborales estructurales en el sector portuario y las barreras que impiden el cumplimiento de las normas nacionales relacionadas con los derechos laborales internacionalmente reconocidos, destacando la falta de unidad del ordenamiento jurídico nacional debido a la discordancia de las normas laborales nacionales frente a la Constitución Política y a las normas internacionales del trabajo; la falta de coordinación y las fallas en el desempeño de las entidades públicas encargadas de la inspección, vigilancia y control en el sector portuario, así como los abusos en la contratación formal cuando se acude a instrumentos legítimos como la tercerización y la intermediación laboral para encubrir los contratos de trabajo y reducir los costos y las obligaciones asociadas con el empleo directo.
Además, la evaluación examina la problemática de las relaciones colectivas de trabajo, revelando bajas tasas de sindicalización de los trabajadores portuarios, tanto de los informales, como de aquellos que no están empleados formalmente; incapacidad de las organizaciones de trabajadores para negociar convenciones colectivas; la celebración de pactos colectivos y de laudos arbitrales que desestimulan los procesos de afiliación y negociación de acuerdos colectivos; y la falta de garantías políticas para adelantar procesos de dialogo social y mesas de concertación en este sector en particular.
El estudio concluye que este modelo de negocio ha contribuido al crecimiento competitivo del sector portuario y del comercio exterior colombiano, pero que también ha dejado menos empleos estables, más informalidad y un deterioro constante de las condiciones laborales de los trabajadores portuarios, que, no obstante, podrían ser mejoradas con normas y jurisprudencia que desarrollen el trabajo portuario y los principios constitucionales del trabajo; con la implementación de recomendaciones técnicas y de regulación e inspección que exijan más control y supervisión del Estado; y con mayor responsabilidad social empresarial, acciones todas orientadas a mejorar el cumplimiento de las normas internacionales de trabajo y a garantizar los derechos de los trabajadores portuarios en Colombia.
Lee Anexo 1. Metodología de investigación