El origen de lo que hoy es la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales se remonta a la época colonial cuando se fundaron facultades de jurisprudencia, pero su estructura se toma a partir de la Ley del 22 de septiembre de 1867 sancionada por el Presidente General Santos Acosta, en la cual se autorizó al poder ejecutivo para que, de acuerdo con el gobierno del Estado Soberano de Cundinamarca, se organizara la Universidad Nacional de los Estados Unidos de Colombia (Sánchez, 1993, págs. 11-12).

A comienzos de febrero de 1869 la Escuela de Derecho inició laborales con tres cursos (Prolegómenos del Derecho i Derecho Romano, Ciencia Constitucional i Derecho Constitucional, Ciencia Administrativa i Derecho Administrativo) que correspondían al primer año académico de acuerdo al estatuto de la institución. Su origen estuvo ligado al Colegio de San Bartolomé y a la Escuela de Literatura y Filosofía. Al primero, porque allí funcionó hasta 1886, y la segunda, porque esta se convertiría en el espacio de preparación para quienes aspirarían a seguir los estudios de jurisprudencia (Villamil Ardila, 2001, pág. 26).

Los primeros estudiantes de Derecho alcanzaron en 1871 su título de Doctores en Jurisprudencia, una vez culminados los cursos de la Escuela y presentados los distintos exámenes que, año tras año, debían someterse siempre en forma oral y ante un jurado (Villamil Ardila, 2001). En ese entonces el sistema educativo estaba naciendo y debía consolidarse para contribuir a la construcción del país en todas las áreas, pero especialmente en la política, en el derecho, en la economía y en la sociología y se consideraba que los únicos profesionales con los fundamentos necesarios en orden a emprender una tarea de la magnitud eran los abogados (Villamil Ardila, 2001, pág. 32).

Luego de terminada la Guerra Civil de 1885, con el regreso de los jesuitas al país y la entrega del Colegio San Bartolomé a esa comunidad, se hizo necesario el traslado de la Facultad de Derecho o Escuela de Jurisprudencia, como se identificaba entonces, y la de Literatura y Filosofía al Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario. El Decreto 544 del 14 de agosto de 1885 incorporó el Colegio a la Universidad Nacional de Colombia. En los términos del gobierno se decía que con la incorporación aseguraría el carácter católico del Colegio, contando con el presidente de la República como su patrono (Villamil Ardila, 2001, pág. 41)

Con el Decreto 62 de 1889 la Facultad de Derecho cobra autonomía e independencia  y se separa del Colegio Mayor. De la misma manera, los textos con que se debía estudiar comenzaron a ser definidos por juntas compuestas por el rector de la Facultad, el catedrático de la asignatura y un profesor nombrado por el Gobierno  (Villamil Ardila, 2001, pág. 45)

Especialmente desde el Decreto 246 del marzo 13 de 1889.

En 1890 aparece la primera Sociedad Académica de la Facultad, denominada en su momento “Sociedad Camilo Torres”, la cual debía investigar las innovaciones que tenían lugar en las distintas ramas del derecho y suscitar un análisis de conjunto al interior de la organización; esta iniciativa, sin embargo, pronto se debilitó y terminó por desaparecer. En 1897, partiendo de los reglamentos y procedimientos seguidos por esa primera comunidad estudiantil, se fundó la Sociedad Jurídica, compuesta por alumnos de la Facultad, la cual le marcaría definitivamente su devenir académico. Esta organización académico-estudiantil, contó con la Revista Jurídica, como órgano difusión de la cotidianidad y de la reflexión académica de la Facultad (Villamil Ardila, 2001, pág. 52).

Con las primeras autorizaciones generales para contratar profesores extranjeros, en 1894 llegó a la Facultad de Derecho el maestro francés Edmond Champeau, docente a quien se le atribuyó parte de la transformación de los estudios del Derecho en Colombia. Con él se desplazó la utilización de la lógica jurídica para aprender el derecho, por el método histórico, de la enseñanza analítica de los textos por la científica de las construcciones jurídicas, con la historia de las instituciones y la legislación comparada (Villamil Ardila, 2001, pág. 48).

En 1903 la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, luego de haber permanecido cerrada como consecuencia de la Guerra de los Mil Días desatada a finales del siglo XIX,  abre de nuevo sus puertas, y solo cinco años después, un grupo de estudiantes revive la Sociedad Jurídica. Además de los socios de número –estudiantes de la Facultad seleccionados por concurso- la Sociedad vinculaba como honorarios a personalidades de la vida jurídica y política del país, y a miembros de las misiones diplomáticas con asiento en Bogotá. La “Revista Jurídica: órgano de difusión de la Sociedad Jurídica”, fue publicada sin interrupciones desde 1908 y hasta los años 30. Sus sistemas de suscripción y de distribución la colocaron en un lugar predominante entre las pocas publicaciones especializadas en temas jurídicos. De ese modo contribuyó al posicionamiento de la labor académica de la Facultad y a su apertura a otros escenarios académicos y públicos (Villamil Ardila, 2001, pág. 65).

La existencia de la Sociedad Jurídica marcó positivamente la evolución de la Facultad. No solo las reuniones estudiantiles celebradas con rigor religioso cada semana, la publicación ininterrumpida de la Revista Jurídica, la membrecía honoraria de personajes públicos, las sesiones anuales de tanta difusión y seriedad académica, sino también el esfuerzo por establecer relaciones con universidades extranjeras, por fomentar el intercambio de publicaciones y por contribuir a un movimiento hispanoamericano de estudiantes, son logros que se atribuyen con justicia a la labor de aquella gesta juvenil (Villamil Ardila, 2001, pág. 67). 

La Ley 68 de 1935 definió la Universidad como una persona jurídica, y, entre muchas otras reformas importantes, amplió los estudios de Derecho Administrativo y Derecho Mercantil; se abrieron las Especializaciones en Derecho Penal y Derecho Internacional. En 1945, con la intención de vincular la Universidad a los mejores intelectuales nacionales y extranjeros, se conformaron una serie de Institutos anexos a la Facultad (por lo general, los estudios ofrecidos en los Institutos tenían una duración de dos años y concedían el título de Especialista). Es así que en 1946 iniciaron actividades el Instituto de Administración de Sociedades, y en  1952 los Institutos de Ciencias Penales y Derecho del Trabajo. Varios de ellos se constituyeron años después en profesiones autónomas, otros se conformaron en los actuales posgrados, y el último de este género, el Instituto de Estudios Políticos creado en 1966 con un pensum de cuatro semestres académicos, se consolidó como el más específico antecedente de la carrera de Ciencia Política (Villamil Ardila, 2001, págs. 96-97).

En 1970 se establecieron los semestres académicos para la carrera de Derecho, lo que facilitó la organización de núcleos temáticos: científico jurídico, técnico jurídico (público, privado, procesal, laboral y económico), complementario, y de trabajo práctico y monografía. Existía además la opción de escoger un área para cursar materias como electivas. En 1972, sin embargo, el Consejo Superior aprobó un nuevo pensum que retomaba el esquema anual, se definieron 7 preparatorios, que luego serían reducidos a tres. Del mismo modo, la tesis fue reemplazada por una monografía. El nuevo plan dio gran importancia a las clínicas y mantuvo cursos semestrales, con fines de profundización. Con este cambio los títulos de experto, expedidos por los Institutos de Especialización, se reemplazaron por los de Especialista (Villamil Ardila, 2001, pág. 132).

A mediados de los ochenta, la Facultad entró en un proceso de reforma curricular, el que, luego de los debates entre dos tendencias que se denominaron socio jurídica y técnico jurídica, terminó con la organización de los departamentos de Derecho Público, Privado, Estudios Políticos, y Estudios Socio-Jurídicos, semestralizando de nuevo los estudios y definiendo la estructura de las Especializaciones.

En 1992, la Facultad adoptó el esquema, en líneas generales caracterizado por una flexibilidad para elección de asignaturas, de contexto durante los primeros semestres y profundización en la segunda mitad de la carrera. El núcleo grueso, por su parte, organizado en las áreas de Derecho Privado Económico, Derecho Público, Teoría del Derecho y Sistemas Políticos, Teoría del Estado y Derechos Políticos, Consultorio Jurídico y Monografía. En 1994, a través del Acuerdo 105 del Consejo Superior Universitario, se creó la carrera de Ciencia Política, regulándose su plan de estudios por el Acuerdo 20 del mismo año, del Consejo de Sede, y en 1998 se adopta otro plan de estudios para Derecho que, en lo esencial, mantiene el anterior. Actualmente, el programa curricular para Ciencia Política está reglado por el Acuerdo 45 de 2003 del Consejo de Sede, y para Derecho por el Acuerdo 44 de 2003, expedido también por el Consejo de Sede.

El programa curricular de pregrado en Derecho fue reformado en su estructura curricular en el año 2008, reforma implementada a partir del primer período de 2009, como mecanismo para afrontar los retos temáticos, metodológicos y pedagógicos propuestos por la Universidad Nacional de Colombia. El proceso de reforma del plan de estudios incluyó los aspectos estatutarios formulados en el Acuerdo 008 de 2008 del CSU (Estatuto Estudiantil  en sus disposiciones académicas), en el cual se establece, bajo una concepción de efectividad y eficiencia, que el rendimiento académico y las condiciones de permanencia de los estudiantes en el programa curricular sean regidas por el cupo de créditos y por el promedio académico ponderado acumulado (P.A.P.A.), que tiene en cuenta asignaturas perdidas.

Así, desde su fundación en el siglo XIX, el programa de Derecho de la Universidad Nacional de Colombia ha contribuido al país con la preparación de destacados juristas y hombres de Estado. Notables ex-presidentes de la Republica y tratadistas del Derecho, hacen parte de los egresados que ennoblecen el ejercicio contemporáneo del Derecho y la Política. En la actualidad, un número creciente de jueces de la Republica, fiscales, magistrados de los altos tribunales y cortes, analistas políticos, investigadores, funcionarios públicos y profesores, son profesionales titulados en la Universidad Nacional de Colombia. Su formación, fundada en principios éticos que los comprometen con las transformaciones históricas, les permite asumir, con mayor idoneidad, responsabilidades de gran interés social.